La canasta básica de los jubilados trepó a $2.090.646 en octubre y cuadruplica al haber mínimo con bono
Un relevamiento de la Defensoría de Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontografía cuantificó cuánto necesita una persona mayor para cubrir sus necesidades mensuales y lo comparó con la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Medicamentos, alimentos y vivienda concentran casi dos tercios del presupuesto.
Un jubilado argentino con la prestación mínima, incluido el bono extraordinario que se paga este mes, percibirá en octubre de 2026 un total de $505.748. Ese monto, según el último informe difundido por la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, apenas alcanza para cubrir el 24,18% de la canasta de bienes y servicios que requiere mensualmente una persona mayor para sostener su nivel de vida. La diferencia, traducida en cifras, expone uno de los déficits estructurales más sensibles del sistema previsional: la prestación mínima representa poco más de una cuarta parte del costo de vida real calculado para los adultos mayores.
De acuerdo con la medición de octubre de 2025, esa misma canasta tenía un valor de $1.514.074. El incremento acumulado en doce meses fue del 38%, un porcentaje que se ubica por encima de la evolución de la mayoría de los índices de precios masivos pero por debajo de la inflación específica de los rubros que más castigan a los adultos mayores, como medicamentos y servicios de salud.
Los rubros que concentran el gasto
Dentro de los $2.090.646 que alcanzó la canasta en octubre, tres capítulos concentran prácticamente dos tercios del presupuesto estimado. El primero, medicamentos y atención de la salud, trepó a $518.708 mensuales. Se trata de un valor que, considerado de manera aislada, ya supera el ingreso total de un jubilado que cobra la prestación mínima con el refuerzo. En segundo término se ubican los alimentos, con $457.742, y en tercer lugar la vivienda, con $364.969. La suma de estos tres apartados alcanza los $1.341.419.
"Vamos a los números", como suele decirse en el lenguaje de la sección económica. El peso relativo de estos rubros difiere de manera significativa respecto de una familia tipo promedio. Los medicamentos y la salud tienen una participación muy superior, producto de las enfermedades crónicas, los tratamientos prolongados y la necesidad de consultas y estudios periódicos que se incrementan con la edad. La vivienda, por su parte, contempla situaciones heterogéneas: propietarios que pagan expensas y servicios, inquilinos afectados por la dinámica del mercado locativo y residentes en pensiones o residenciales con costos sensiblemente más altos.
- Medicamentos y salud: $518.708 mensuales
- Alimentos: $457.742 mensuales
- Vivienda: $364.969 mensuales
La metodología del relevamiento combina las pautas de la Canasta Familiar del INDEC con ponderaciones específicas para la población mayor. En salud, el cálculo incorpora distintos tipos de medicamentos y los descuentos disponibles en farmacias de acuerdo con la cobertura de la obra social. En vivienda, considera las distintas situaciones habitacionales que atraviesan los adultos mayores, con el propósito de ofrecer un valor representativo de la diversidad de casos.
El déficit se replica, con distinta magnitud, en las restantes prestaciones previsionales que perciben los adultos mayores. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez se ubica en $375.023, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor llega a $418.598 con bono. Ambas quedan por debajo, incluso, del costo calculado para medicamentos y salud en forma aislada.
El informe alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza, lo que permite trazar un mapa de las principales zonas urbanas del país. En el comparativo interanual, la variación acumulada del 38% resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que la evolución de la jubilación mínima, con bono, no acompañó ese ritmo. La consecuencia directa es un deterioro del poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.
Griselda Ayala, Empleo público y economía.
