Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins y le traban un embargo por 300 millones de pesos

A las 77 años y tras ser extraditado desde México, el exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado Raúl Martins quedó procesado con prisión preventiva por lavado de activos. La decisión la adoptó la jueza federal María Servini, que además ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según fuentes policiales consultadas por este medio.

La resolución judicial pone el foco en la presunta intervención de Martins en una serie de operaciones dirigidas a incorporar al circuito económico formal dinero que, de acuerdo con la investigación, provendría de la explotación sexual de mujeres. La maniobra habría involucrado sociedades argentinas y extranjeras, adquisiciones inmobiliarias y la administración de esos bienes a través de familiares directos.

El eje de la discusión: las fechas de las operaciones

Durante la indagatoria Martins optó por no responder preguntas, según la fiscalía, y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Su defensa cuestionó especialmente el calendario de las 26 operaciones que se le atribuyen.

• 26 operaciones vinculadas con compras de propiedades y manejo de sociedades, que según la defensa correspondieron a 2009, 2010, 2011 y 2012.
• Argumento de que esas fechas son anteriores al período del delito de explotación sexual que la propia investigación consideró acreditado, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.
• Alegato de que la acusación original se circunscribía al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
• Postura de que otros nueve locales investigados habían sido sobreseídos por inexistencia del delito de trata de personas.

Servini rechazó esa línea argumental. En su resolución sostuvo que la fecha de constitución de una sociedad no excluye su uso posterior para canalizar fondos de origen ilícito. La magistrada concluyó que existían elementos suficientes para avanzar al procesamiento, con el control efectivo de la estructura manos de Martins aunque no figurara como beneficiario final en los registros formales, según surge del expediente.

La causa se abrió el 6 de marzo de 2013, a partir de una denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad y alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Martins había sido detenido en México en 2019 y su traslado a la Argentina desde Cancún estuvo a cargo de efectivos de Interpol Argentina, según la fiscalía.

El expediente quedó en condiciones de pasar a la etapa de instrucción suplementaria y, en paralelo, se aguarda la confirmación o revocación del procesamiento por parte de la Cámara Federal de Apelaciones, paso judicial que sigue a partir de la decisión de primera instancia.