Discapacidad en Córdoba: la Defensoría del Pueblo advierte esperas de hasta catorce meses para rehabilitar, conseguir una protesis o acceder a un medicamento

El nivel del Rio de la Plata en el puerto de Buenos Aires se mantenia esta semana alrededor de los dos metros sobre el cero del mareografo, con una tendencia que los organismos hidricos describen como estable y sin grandes variaciones para los proximos dias, mientras que en la ciudad de Cordoba la atencion de la Defensoria del Pueblo se poso sobre una preocupacion de otra naturaleza: las demoras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias para acceder a derechos que la ley reconoce, pero que en la practica se chocan contra listas de espera, costos crecientes y tramites que se extienden durante meses. La pregunta que sobrevuela el informe oficial es por que un tramite que deberia resolverse en un plazo razonable termina ocupando la mitad de un ano o mas, con efectos directos sobre la salud y la economia de los hogares.

Un mapa de esperas que se mide en meses, no en dias

Para conseguir el Certificado Unico de Discapacidad, la Ciudad de Cordoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediatricos, y las citas se otorgan con esperas que van de dos a tres meses, una cifra que el informe describe como habitual y no como excepcion. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, fue explicito al detallar los plazos que el documento recoge: entre cuatro y nueve meses para protesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para acceder a centros de rehabilitacion. Esos periodos, aclaro, describen lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuanto demorara cada tramite particular, una salvedad importante porque la experiencia de cada familia puede ubicarse en los extremos del rango o en el medio, sin que exista por el momento una medicion estadistica que abarque a todos los casos.

Mientras tanto, la practica muestra que el tiempo de espera se llena con plata de las familias. Una de las madres entrevistadas en el marco del estudio relato que llega a desembolsar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones particulares, despues de haber sostenido esa modalidad durante alrededor de dos anos. La cifra, que al momento de publicacion del informe corresponde a los montos declarados por las familias, describe una economia domestica tensionada: en muchos hogares son las mujeres quienes recortan su jornada laboral o directamente dejan de trabajar para hacerse cargo de los cuidados, una sobrecarga que el documento describe en primera persona a traves de los testimonios recogidos en entrevistas y grupos focales.

Prestadores ahogados entre los atrasos en los pagos y la suba de los costos

El informe no se queda en la vereda de las familias y se interna en la situacion de quienes prestan los servicios. Segun los datos que el documento pone sobre la mesa, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225 por ciento, mientras que la inflacion acumulada en el mismo periodo fue del 336 por ciento, un desfasaje que deja a los prestadores con valores por debajo de la suba general de precios. A eso se suman atrasos de varios meses y hasta un ano en los pagos de obras sociales y programas estatales, una combinacion que el propio relevamiento describe como un cuello de botella que vuelve inviable sostener los servicios en el tiempo.

• Demoras de 2 a 3 meses para el turno del Certificado Unico de Discapacidad en hospitales de la Ciudad de Cordoba.
• Esperas de 4 a 9 meses para acceder a protesis y medicamentos.
• Esperas de 9 a 14 meses para ingresar a centros de rehabilitacion.
• Gastos de bolsillo que pueden ir de 150.000 a 180.000 pesos por mes en sesiones particulares.
• Aranceles del nomenclador nacional que subieron 225% frente a una inflacion acumulada de 336% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026.
• Atrasos de varios meses y hasta un ano en los pagos de obras sociales y programas estatales.
• Sobrecarga de cuidados sobre las mujeres, con reduccion de jornada laboral y de ingresos en los hogares.

El transporte aparece como un eslabon menos visible, pero con el mismo efecto de goteo sobre el bolsillo. En el mismo periodo, la nafta super aumento un 559 por ciento, mientras que el valor reconocido por kilometro se incremento un 231 por ciento, una diferencia que el informe pone en paralelo con las dificultades que describen las instituciones para sostener los servicios de traslado, y que termina impactando en quienes necesitan movilizarse para acceder a una terapia o a un control. El cuadro se completa con la reduccion de gastos de funcionamiento en algunas instituciones, un sintoma que los autores del relevamiento describen como una adaptacion forzada frente a ingresos que no acompanan los costos.

“La situacion que vivimos es la de un Estado que reconoce derechos pero que no llega a garantizarlos en los tiempos que la salud y la vida cotidiana de las personas requieren, y eso es lo que el informe intenta poner en evidencia con la palabra de quienes lo transitan”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento

A ese panorama se suma un dato que no se ve en la primera lectura pero que pesa en la rutina de las familias: las diferencias entre lo que se paga y lo que se cobra cuando se trata de movilizar a una persona con discapacidad, asi como la heterogeneidad de los montos que cada obra social o programa estatal reconoce por las prestaciones, una variedad de criterios que el documento describe como una de las fuentes de incertidumbre. El informe de la Defensoria del Pueblo de Cordoba no pretende medir estadisticamente la realidad de todas las personas con discapacidad de la provincia, algo que sus autores aclaran en la primera linea de cada conclusion, pero si se propone dejar por escrito la dimension humana y economica de un problema que, segun los testimonios recogidos, golpea sobre todo a las mujeres y a los hogares de menores ingresos.

De cara a lo que viene, el organismo adelanto que el informe sera girado a las areas de discapacidad del Gobierno provincial y nacional, con la expectativa de que se reabran mesas de trabajo para revisar los plazos del Certificado Unico de Discapacidad, actualizar los aranceles del nomenclador y discutir un esquema de pagos mas previsible para los prestadores. Mientras esas conversaciones ocurran, las familias y los profesionales que las acompaan seguiran midiendo la distancia entre lo que dice la ley y lo que tarda la realidad, una diferencia que en Cordoba hoy se cuenta en meses, no en dias, y que se proyecta aguas abajo sobre tratamientos que esperan, protesis que se demoran y turnos que se siguen corriendo en el calendario.